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Cancelar una portabilidad sin consentimiento del usuario está tipificado como infracción muy grave.
Si la CMT comprueba que Vodafone no ha cumplido su obligación de que algunos de sus clientes de empresa se hayan podido cambiar de operador, será sancionado con una multa de hasta dos millones de euros.
Tras una denuncia de Movistar, de momento lo que se realiza es una aclaración de lo sucedido para que, si se demuestra, dicha multa sea la correspondiente al quíntuple del beneficio bruto conseguido por haberse saltado esa infracción.
Si no se pudiera determinar, la cifra sería sometida a estudio y podría llegar hasta un máximo de dos millones de euros.
El período que se está analizando es el comprendido entre diciembre de 2008 y marzo de 2012.
Opinión de Vodafone
Según el operador de orígen británico, se va a presentar el correspondiente recurso por considerar que se trata de «hechos puntuales y excepcionales» que además también realiza el denunciante.
Tienen, según las declaraciones que han hecho a Europapress, escasa repercusión en el mercado.
Vía: Expansión
