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La Ley ha muerto. Viva la Ley.
La nueva Ley General de Telecomunicaciones ha sido aprobada y trae consigo cambios sustanciales en la regulación de los operadores.
Su objetivo es adaptarse a los nuevos tiempos y la era digital, con la vista puesta en la consecución de una inversión de 25.000 millones de euros.
A la vez, reduce el número de sanciones, pero incrementa su cuantía máxima hasta los 20 millones de euros.
Las medidas que adopta la legislación tratan de eliminar trámites y barreras y fomentar la competencia y protección de los clientes.
Las modificaciones más relevantes son:
- Mayor facilidad y más cobertura en el despliegue de redes de nueva generación.
- Más y mejor oferta de servicios innovadores, con mayor calidad y mejores precios.
- Mejora de la competencia.
- Reducción de trámites administrativos.
Y la nueva ley se sustenta sobre:
- Análisis periódicos de los mercados para imponer obligaciones y condiciones competitivas adecuadas al momento.
- Desarrollo y mejora de los derechos de los usuarios, que protejan sus datos personales y su privacidad.
- Simplificación de los trámites para explotar las redes y servicios, así como para acceder al uso del espectro.
- Supresión de licencias urbanísticas y medioambientales para desplegar redes privadas. Ahora serán «declaraciones responsables».
- Creación de una Comisión Interministerial de radiofrecuencias y salud.
- Refuerzo del poder sancionador de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
- Coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas para facilitar el despliegue de redes.
- Limitación de emisiones y exposiciones a campos electromagnéticos.
Más información: Ministerio de Industria
